Nicolás Maduro juró como presidente para un tercer mandato a pesar de las protestas opositras, cerrando más de cinco meses de disputa sobre las cuestionadas elecciones de julio.

La ceremonia tuvo lugar este viernes en una pequeña sala de la Asamblea Nacional, lo que contrasta con las ceremonias anteriores que se llevaron a cabo en el salón principal del edificio.

La coalición opositora venezolana condenó este viernes la investidura de Maduro, calificándola de “golpe de Estado” y diciendo que es su rival Edmundo González “quien debe juramentar como presidente”.

Unidad Venezuela, coalición amplia que apoya a la líder opositora María Corina Machado, dijo que “hoy comienza una nueva etapa en esta lucha por la libertad de Venezuela en todo el territorio nacional y en todos los sectores que forman nuestra nación”.

Las autoridades electorales, bajo el estricto control del Partido Socialista (PSUV) en el poder, proclamaron ganador de la elección presidencial el 28 de julio a Nicolás Maduro.

Sin embargo, la oposición venezolana publicó miles de actas de votación afirmando que su candidato, Edmundo González, había ganado en realidad la elección con un 67% de apoyos frente al 30% de Maduro.

Observadores independientes como el Centro Carter y la Misión Electoral Colombiana, así como el propio análisis de CNN, han llegado a la conclusión de que las actas de la oposición son legítimas. Y varias naciones, incluidos Estados Unidos, han reconocido desde entonces a González como el legítimo presidente electo de Venezuela.

González, que ha estado en el exilio desde septiembre (las autoridades venezolanas ofrecen una recompensa por su captura), había prometido regresar a Caracas esta semana en un posible último desafío a la juramentación de Maduro. Su última ubicación conocida este viernes era República Dominicana, donde había mantenido recientemente reuniones con líderes regionales.

Antes de la investidura, Venezuela cerró su frontera terrestre y suspendió los vuelos hacia Colombia, un movimiento que Freddie Bernal, el gobernador del estado fronterizo venezolano de Táchira, afirmó que era en reacción a una “conspiración internacional” contra Venezuela en una publicación de Instagram. No presentó pruebas que respalden su afirmación.

El cierre de la frontera se produjo pocas horas después de que el Gobierno de Colombia anunciara que no reconocería los resultados de las elecciones de julio, afirmando que no fueron libres.

Protestas estallaron en Caracas y otras ciudades venezolanas el jueves antes de la investidura, con María Corina Machado saliendo de su escondite para hablar en un evento.

Machado fue “interceptada violentamente” en el evento, según su equipo, que dijo que “durante el período de su secuestro fue obligada a grabar varios videos y luego fue liberada”. El gobierno venezolano ha negado haber detenido a Machado.

Captura internacional

En paralelo a la controvertida juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento en las recompensas ofrecidas por información que lleve a la captura de altos dirigentes del régimen chavista. Esta medida se complementa con nuevas sanciones coordinadas con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, dirigidas contra colaboradores cercanos y funcionarios del gobierno venezolano.

Estados Unidos incrementó a 25 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado "Cartel de los Soles". La cifra, 10 millones más que la ofrecida previamente, busca reforzar la presión internacional sobre el líder del régimen venezolano. De igual forma, la recompensa por Diosdado Cabello, considerado la segunda figura más importante del chavismo y actual ministro del Interior, también subió a 25 millones de dólares.

Por primera vez, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, fue incluido en la lista de recompensas. Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por información que facilite su captura, señalándolo como un actor clave en la consolidación del poder del chavismo.

En el ámbito de sanciones, ocho figuras vinculadas al régimen también fueron señaladas, incluyendo al presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez; al ministro de Transporte; y al presidente de Conviasa. Además, se anunciaron restricciones de visas para cerca de 2,000 venezolanos identificados como colaboradores del gobierno de Maduro. Paralelamente, como un gesto de apoyo a la población venezolana, Estados Unidos extendió por 18 meses el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos en territorio estadounidense.

El anuncio de Washington coincidió con una declaración del Consejo de la Unión Europea, que amplió su lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos de Venezuela. Publicado en el Diario Oficial de la UE, el Reglamento de Ejecución (UE 2025/44) sumó a 15 personas por su participación en acciones que "socavaron la democracia y el Estado de Derecho". Estas medidas se basan en irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y en la represión de la oposición.