La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales finalmente arribaron este miércoles a un principio de acuerdo, por lo que no habrá paro de colectivos. El gremio consiguió la suma fija recibida en marzo para los próximos dos meses. El asunto es si ese aumento salarial lo pagarán los pasajeros o el Gobierno.

La negociación estaba trabada en una diferencia de $250.000 que desde la UTA dan por reconocida y homologada en la última paritaria y las cámaras aseguran que aquello es el pago de una suma no remunerativa por única vez. Finalmente se lograron acercar posiciones, y la posibilidad de una medida de fuerza quedó desactivada.

Como parte del acuerdo, el sector patronal abonará dos cuotas de $250.000 a cobrar en mayo y en junio. Luego se seguirá negociando.

El sindicato conducido por Roberto Fernández pretendía que les reconocieran a más de 50.000 choferes un salario básico mensual de al menos $ 987.000, un acuerdo en paritarias que implicaría una mejora de 83% trimestral en marzo frente a diciembre, y que le gana por 32 puntos a la inflación, muy por encima de lo que el Gobierno busca convalidar.

La estructura de costos reconocida por la Resolución 15/2024 de la Secretaría de Transporte solamente autoriza a las empresas a pagar $ 737.000 a los choferes o poner la diferencia de su bolsillo.

En plena reunión de este miércoles, el gremio sacó una propuesta con la que haría sentir su descontento, presionaría a los empresarios y al mismo tiempo eludiría el paro. Lo hacen, según fuentes del sector, «para no perjudicar al usuario».

La medida novedosa sería “salir a trabajar sin activar la sube (es un rubro salarial) como medida de protesta, sería como no cobrar boleto”. Es decir, los pasajeros viajarían gratis.

Los gremios trazaron un paralelismo con la situación en los subtes. «Ellos levantan los molinetes y no pasa nada», sostuvieron.

La medida encuentra el previsible rechazo de las empresas: dicen que sería ilegal desactivar la validadora SUBE. Desde AAETA había aventurado en la previa que no se alcanzara una solución, aunque esperaban encontrar más tiempo para alcanzar un acuerdo.

La crisis del sector lleva más de 20 años y empezó a la salida de la Convertibilidad, cuando las tarifas dejaron de reflejar los costos.

Pero se profundizó a mediados de 2022, cuando la Argentina empezó con otro régimen de inflación más alta que la previa. Hoy el Estado (Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires) cubre el 70% de los costos reconocidos con subsidios y los usuarios un 30% con tarifas, una relación que llegó hasta el 90% y 10%, respectivamente, en enero 2024.

En el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Transporte, Luis Caputo es reacio a otro aumento de las tarifas de los colectivos (después de un 410% de incremento entre enero y febrero) por su posible impacto en la inflación, cuya baja a un dígito mensual es su prioridad número uno. Sin embargo, habilitó una suba del 54% en los trenes del AMBA para mayo.

Caputo tampoco está dispuesto a convalidar un mayor gasto público en subsidios al transporte, que podría complicar la meta de alcanzar un superávit primario fiscal equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) a fin de año, con equilibrio financiero tras el pago de intereses de la deuda.

A falta de ajuste por precios, vendrá el ajuste por cantidades. En el sector advierten que si no hay una nueva estructura de costos que reconozca correctamente los precios de los salarios, el combustible (gasoil) y los insumos, las empresas dueñas de los colectivos empezarán a bajar más notoriamente las frecuencias. En marzo, esa reducción fue del 5% interanual. Si se amplía la mirada a 2015, un año en el que la estructura de costos «era correcta» -según fuentes del sector-, la brecha es del 16%.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) -la cámara en la que pesa el grupo Metropol, el segundo más importante del AMBA detrás de DOTA-, en marzo el precio «real» de un boleto debió haber sido de $ 1.198.

Los pasajeros cubrieron con las tarifas un mínimo de $ 270 -pero un promedio más bajo, por los descuentos integrados-; y el Estado, con subsidios, otros $ 354 para llegar a $ 624 reconocidos.

La diferencia, de $ 574, fue a «pérdida» de las empresas, que ajustan frecuencias, unidades, extienden la renovación del parque en años de antigüedad y disminuyen la seguridad del servicio. Son casi $ 93.000 millones mensuales que no están reconocidos por el Estado.

Una salida que podría tomar el Gobierno es correr de atrás al aumento del subte, que en junio pasará a costar $ 757. En ese momento, la Nación podría definir ajustar las tarifas de colectivos para que se achique esa brecha y sostener el sistema unos meses más.

Desde las cámaras de transporte supeditaban el cumplimiento paritario a un aumento de subsidios o una suba del precio del boleto.

“El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de $12.500 millones de pesos, el cual es imposible de absorber con el nivel de ingresos percibidos por vía de tarifas y subsidios”, indicaron en un informe sectorial en el cual ven posibles 4 opciones para la resolución del conflicto: a) Que el gobierno autorice una suba de tarifas; b) El gobierno aumente los subsidios; c) La UTA modere sus pretensiones salariales; d) Una mezcla entre el escenario a), b) y c).

Desde las cámaras indican que “la diferencia entre los costos calculados por el Estado y el costo enfrentado por los operadores no es un problema reciente, pero se ha profundizado durante los últimos años, alcanzándose una brecha superior al 40%”

¿Cómo se cubre esta diferencia? En primer lugar, disminuyendo la inversión y compra de nuevas unidades, lo que impacta en una mayor antigüedad del sistema y, luego, disminuyendo la frecuencia del servicio, que se traduce en más demoras y espera por parte de los usuarios.